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Revista Capital: Difícil Despegue - 07/05/2004 (Texto Original)

Más allá de que nadie quiere vivir cerca de un vertedero, un aeropuerto o de una planta industrial, si hay algo que pone de manifiesto la batalla por la construcción del aeródromo de San Gregorio en Buin es la escasa confianza que inspiran las resoluciones de los organismos medioambientales en Chile. Siempre se sospecha de "mano negra". O de tráfico de influencias y componendas políticas. ¿Quién le da a estas reparticiones el beneficio de la seriedad técnica y el rigor, al menos mientras no se p

Por M. Cristina Goyeneche y Soledad Pérez

Es un clásico gallito de fuerza: dos rivales, codos firmemente apoyados sobre una mesa, se miran a los ojos y presionan con todo la mano de su oponente. Ni siquiera parpadean y apenas uno saca un centímetro de ventaja, el otro responde con igual o más intensidad al instante. Así, en esta misma posición, están hoy los bandos que pelean en torno a la idea de levantar un aeródromo en Buin, a la altura de Alto Jahuel.

Por un lado está Max Marambio -el empresario amigo de Fidel y García Márquez- y Francisco Posada, empresario del sector inmobiliario, unidos en la sociedad Silos de Nazareno. La gerencia general del proyecto la tiene el general (r) César Topalli y el cometido es levantar en 87 hectáreas de terreno el aeródromo San Gregorio, llamado a cubrir la demanda que el cierre de Cerrillos dejará insatisfecha.

Al frente, los detractores. Siete viñas del Valle del Maipo, lideradas por Cousiño Macul y Santa Rita -ambas aportan sus estudios de abogados y asesores medioambientales-; todos los parlamentarios de la zona (Andrés Zaldívar, Jovino Novoa, José Antonio Kast y Edgardo Riveros); los agricultores encabezados por Rodrigo Ariztía, hermano del ex presidente de la SNA; los vecinos, agrupados bajo el Comité de Defensa del Valle del Maipo y liderados por el municipio; y la oficina de Enrique Correa a cargo de las comunicaciones. Todos ellos luchan por resistir y luego doblarle la mano al proyecto, asegurando que “este aeródromo no se va a construir nunca”.

El visto bueno dado al proyecto por la Corema el pasado 24 de abril lo tiene con ventaja a su favor. Pero, claro, el parto ha sido extremadamente largo -son más de 60 mil las hojas que tiene la carpeta del aeródromo, con informes y contrainformes- y nadie sabe si la criatura que nació con esa resolución será viable.

“Un amigo me dijo que esta batalla la ganaría en la morgue”, cuenta Max Marambio riendo. Pero, después de la contundente sentencia de la Corema de la semana pasada (22 de abril), dice que pase lo que pase ya se siente ganador. Hará el aeródromo sí o sí, porque para eso tiene autorización de la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC) desde el 2002. Siendo un predio particular y cumpliendo condiciones mínimas, el suyo será otro de los más de 400 aeródromos privados del país. El de Tobalaba, incluso, también lo es.

Mientras el gerente general del proyecto justifica la pista de 1.200 metros frente a los viñateros diciendo que en Napa Valley (una de las mecas del vino premium), hay 61 aeródromos, la réplica no se hace esperar: “sólo tres de esos aeródromos pertenecen al condado de Napa: Napa Country; Lago Berryesa, que es para hidroaviones, y Moskowite, de uso privado. Ninguno de ellos está en el Valle de Napa propiamente tal, donde están la gran mayoría de las viñas como Robert Mondavi, Opus One, Rutherford Hill, Franciscan y Niebaum-Coppola”, resume uno de los párrafos de una extensa carta enviada por 28 enólogos chilenos al director de la Conama para explicar su oposición al proyecto.

Para Andrés Allamand el problema nace cuando, a comienzos del 2003, la Corema, a instancias de la Conama Región Metropolitana, rechazó el proyecto, no obstante su viabilidad ambiental, atribuyéndole erróneamente fuerza obligatoria al informe sectorial de Agricultura. Esa decisión fue apelada por los Silos de Nazareno e incluso llegó al Consejo de Ministros, que la consideró abiertamente improcedente. Un organismo no puede renunciar a sus atribuciones o delegarlas en otra repartición porque eso echaría abajo la institucionalidad ambiental. Repuesto el proyecto a la consideración de la Corema a mediados del año pasado, esta vez, luego de un largo proceso de aclaraciones técnicas, la Conama RM, apoyándose en la opinión de diversos servicios consultados, sugirió su aprobación. Finalmente el proyecto fue aprobado por una mayoría de 13 votos contra tres (Agricultura votó por supuesto en contra) y tres abstenciones. Las instituciones -dice Allamand- funcionaron y se cumplió con la normativa ambiental.

Como el ejercicio de chequear y enfrentar los argumentos de cada parte podría durar por siempre, aquí exponemos la posición de cada bando frente a los puntos clave del proyecto… El mérito que tengan los argumentos de una y otra parte se lo dejamos a usted.

1. Público o Privado

No es raro que Max Marambio haya pensado construir su propio aeródromo. Usuario habitual de Tobalaba, desde hace mucho advirtió las falencias que existían en este mercado, más aun teniendo como antecedente la decisión del gobierno de cerrar el aeropuerto de Cerrillos. Lo primero que hizo para hacer realidad su sueño fue analizar en detalle todas las zonas posibles para construir una pista que atendiera los más de 30 mil vuelos al año que quedarían sin atención.
Las opciones que abarcan desde el cerro San Cristóbal hasta Colina, por el norte, fueron desechadas por completo, ya que en toda esa zona están delimitados los conos de aproximación y seguridad de Pudahuel. Un aeródromo ahí sólo incrementaría el riesgo de accidentes. Hacia el este está la cordillera y las localidades al oeste, como Melipilla (cuyo alcalde ofreció un terreno para este fin), quedarían muy a trasmano de su público objetivo. Volar hasta Santo Domingo, por ejemplo, tomaría más tiempo que ir en auto.

Así se llegó a Buin. Las zonas de cables de alta tensión son para ellos manejables y la Autopista Central y el acceso sur a Santiago en construcción muy cerca de ahí, que se empalma con Américo Vespucio y la Norte-Sur, permitirán a los pilotos de San Gregorio una conexión rápida con sus casas.

Elegida la ubicación, iniciaron la compra de tierras a los agricultores de la zona y los contactos con la comunidad para dar a conocer su proyecto: levantar un aeródromo que registre cerca de 55 mil operaciones al año (pese a que pidieron permiso para 85 mil y están autorizados para 100 mil) y tenga la capacidad para que operen aeronaves de hasta 5.700 kilos, es decir, avionetas mono y bimotor, aviones medianos, pequeños jet a reacción y helicópteros.

Para la contraparte, que el rótulo del proyecto diga aeródromo privado, no significa que esto sea así en la práctica. A juicio de los opositores, un promedio de 20 aterrizajes por minuto y un horario de operaciones de 8 a 18 horas sólo demuestra que se trata de una pista de uso público.

“Esto es lo mismo que el caballo de Troya. Ellos llegaron a la Conama en octubre del 2002 con un proyecto de aeródromo privado para uso exclusivo de sus dueños, señalando que éste no tendría impacto alguno para la comunidad. Después en el curso del proceso nos vamos enterando que pese a que se autodenomina privado, por sus características no lo es”, argumenta Juan Ignacio Correa, socio de Barros, Court & Correa, y abogado de la Viña Cousiño Macul.

“Al transformarse en público es obligatorio que se incrementen las áreas de protección alrededor de la pista, medidas que, por cierto, significan expropiar a mucha gente. Y la forma más barata de hacer todo esto es diciendo que se trata de un aeródromo privado para que un par de afortunados puedan despegar su avión o helicóptero e irse a Vichuquén los fines de semana. Es lo que dicen para calificarlo de privado”, precisa Correa.

2. Patrimonio agrícola

Para poder hacer su pista, los socios de Silos de Nazareno tendrán que pavimentar las tres hectáreas de la pista y los caminos interiores. Hasta ahí todo bien. No obstante, para que un proyecto de esta magnitud en ese sector se pueda concretar es necesario que el Ministerio de Agricultura decrete una excepción y autorice el cambio en el uso de suelo. Según los dueños del proyecto, pese a la oposición de Agricultura, la resolución final de la Corema autorizando el proyecto es suficiente. Para los opositores, en cambio, ningún centímetro de tierra se puede tocar sin que la autoridad se pronuncie antes. El motivo para ellos es simple: el Valle del Maipo cuenta con los mejores terrenos cultivables del país, de por sí escasos, y su reducción atentaría contra las políticas de Estado, las cuales sólo han apuntado a lo largo de la historia de Chile a proteger estas zonas.

Desde el punto de vista del proyecto de Silos de Nazareno, el que cerca del 80% de los terrenos de la zona tengan aprobada su parcelación, sólo indica que la gente del sector no está apostando por el futuro agrícola. Según sus cálculos, la hectárea cuesta entre 20 y 30 millones de pesos, lo que muestra que el rendimiento de estos suelos es más alto como parcela de agrado que explotándolo agrícolamente. Incluso, dado que las viñas muestran un rendimiento razonable a tres años de su plantación, mucha gente ha optado por este camino a la espera que la zona se valorice aun más y sacarle mayor precio como parcela.

Tal es la defensa que hace de este punto la gente que vive en la zona, que el diputado José Antonio Kast comenta que ya hay un grupo organizándose para comprarle a Marambio sus tierras. Grupo que estaría dispuesto, incluso, a pagar un sobreprecio que incluya, además de un margen de ganancia, los costos en los que ha incurrido el empresario hasta ahora para poner en marcha su aeródromo.

3. Contaminación

Para poder contaminar hoy en la Región Metropolitana hay que pagar por ello. ¿Y cómo? Quitándole a la zona fuentes de emisión equivalentes a la nueva contaminación. Sacando taxis de circulación o comprando una fábrica y cerrándola, por ejemplo. Y para todos los opositores al proyecto, hasta ahora Silos de Nazareno no ha dicho públicamente de qué forma planea compensar los niveles de contaminación que generará el nuevo aeródromo. De partida porque Tobalaba seguirá funcionando y porque el gobierno y la Fach están de acuerdo en que se construirá un aeródromo, distinto de San Gregorio, que reemplace a Cerrillos.

Según los viñateros y agricultores un incremento en los niveles de contaminación podría afectar sus exportaciones a Estados Unidos, ya que el Tratado de Libre Comercio especifica que los productos que salen del Valle del Maipo están limpios de ella. Si las condiciones cambian, los compradores norteamericanos tendrían derecho a reclamar.

Para Silos de Nazareno este argumento no tiene ninguna validez desde el momento en que gran parte de la producción de Cousiño Macul, por ejemplo, utiliza la uva que cosecha de sus viñas ubicadas en la zona de Peñalolén, muy cerca del aeródromo de Tobalaba y en medio de la ciudad. Por lo demás, aseguran, el aeródromo no le sumará a la región ningún vuelo más. Simplemente atenderá la demanda insatisfecha de Tobalaba y la que quede sin atender por el cierre de Cerrillos. Y agregan otro dato: como el 70% de los vuelos son en dirección sur, lo único que hace San Gregorio es contribuir a descontaminar Santiago. Los aviones se sacan al campo y no entran a la capa de inversión térmica.

Los argumentos de la contraparte corren en la dirección exactamente opuesta. Los detractores del proyecto dicen que aquí se ocultaron las intenciones y los objetivos originales y que incluso se mintió. Silos de Nazareno rechaza la acusación y expresa que aquí nunca hubo cartas tapadas puesto que el proyecto se desplegó tal cual desde un principio...

4. El futuro

Si las cosas se complican más de la cuenta, los socios de Silos de Nazareno aseguran que levantarán el aeródromo de todas formas. La solución: apoyarse en la autorización otorgada por la DGAC, construir la pista y lotear el terreno. Serían 178 parcelas con sus respectivos hangares que pondrían a la venta.

“En teoría, si un proyecto resguarda y mitiga adecuadamente todos los factores de riesgo cumple con la ley”, responde Correa. Pero agrega: “Este proyecto alternativo muestra que tras este pretendido aeródromo privado, se esconde también un desarrollo inmobiliario contrario a la política estatal y al interés de la industria agrícola para preservar el Valle del Maipo como una reserva muy productiva para el país y de reconocida valía en los mercados”.

Así las cosas, mientras los dueños del proyecto aeródromo San Gregorio ya se han puesto en campaña para construir la pista que calculan tomará alrededor de diez meses, sus férreos opositores han pasado las dos últimas semanas planificando en detalle las estrategias a seguir. Sergio España, vocero del Comité de Defensa del Valle del Maipo, es clarísimo: “pondremos todos los ripios posibles para demorar la construcción. Demorar, demorar, demorar…”. Incluso, tres abogados que viven en la zona ya están estudiando acciones legales independientes a las que decidan las viñas. En el ámbito civil se cuestionaría la compra de los terrenos por parte de Marambio y estarían dispuestos a presentar querellas criminales contra los funcionarios públicos que hubiesen favorecido el interés privado.

Los diputados de la zona, Kast (UDI) y Edgardo Riveros (DC) ya decidieron pedirle a la Comisión de Recursos Naturales que se constituya en el lugar y analice el proyecto desde el punto de vista técnico. Según sean los resultados, el paso siguiente será pedir una comisión investigadora.

En el tercer frente de batalla estarán los bufetes de Santa Rita y Cousiño Macul. “Vamos a ejercer todas las medidas legales y administrativas conducentes a que el estado de derecho se cumpla en Chile. Este es un proceso que requiere de muchas autorizaciones administrativas y del concurso de la comunidad. Y cada autoridad pública va a ser responsable institucional y personalmente de los actos arbitrarios que cometa. El Estado no tiene por qué pagar por la negligencia de sus funcionarios”, dice Correa.

La batalla continúa.

Los rostros de cada bando

La lista de trámites, recursos judiciales y documentos presentados ante los organismos medioambientales que han sido aprobados y rechazados a lo largo del último año y medio es de nunca acabar. A cada triunfo de un bando hay una reacción del otro. Si en enero del año pasado los Defensores del Valle del Maipo celebraban el fallo de la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) que por 17 votos en contra y uno a favor se oponía de plano a la construcción del aeródromo; en abril de este año era en Silos de Nazareno donde se descorchaban botellas. Después de varias rectificaciones, cientos de preguntas contestadas, nuevos informes técnicos y precisiones de todo tipo presentadas -datos que se acumularon en tres gruesos tomos- el aeródromo consiguió a su favor 13 de los 18 votos, con tres votos en contra.

De ahí que en todo este proceso la palabra lobby haya sido una de las más escuchadas entre los bandos, pese a que ninguno de ellos dice estar haciéndolo. Aquí los lobbys sólo corren por cuenta de los oponentes. Silos de Nazareno partió con una carta a su favor: contrató a la consultora ambiental Gescam, encabezada por Hernán Durán, cuñado del presidente Lagos. Incluso, Durán formaba parte del comité consultivo de la Conama.

La inicial derrota fulminante hizo que el contrato de Gescam terminara abruptamente. A cambio entraron los abogados Andrés Allamand y Jorge Schaulsohn y una nueva firma consultora, Ambar, asesora del Ministerio de Obras Públicas y empresas como Besalco, Cemento Melón y Endesa, encabezada por Claudio Friedmann.

A la par, en el otro frente también se han registrado movimientos. En los inicios la defensa jurídica de las viñas y la comunidad estuvo en las manos del abogado Clemente Pérez y su firma Sustentable. Al asumir como subsecretario de Obras Públicas hubo que hacer cambios en el equipo. Se fortaleció la parte jurídica con los abogados de las viñas: Davor Harasic, ex integrante del Comité de Defensa del Estado y abogado de Ricardo Claro en Viña Santa Rita, y Juan Ignacio Correa, de Barros, Court & Correa por la Viña Cousiño Macul. Además se contrató la asesoría en comunicaciones de Enrique Correa.





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