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Aprobación de aeródromo en Buin desata fuerte controversia - 23/04/2004 (Texto Original)

Detractores acusan presiones políticas y señalan que hubo una serie de falsedades y contradicciones en el informe técnico.

Con acusaciones cruzadas de ejercer presiones políticas, los defensores y detractores del proyecto del aeródromo de Buin no dieron tregua a la polémica que se generó en octubre de 2002, cuando se presentó la iniciativa para su aprobación ambiental.

La obra se emplazará entre las comunas de Buin y Paine, en medio de un conjunto habitacional, dos escuelas, viñas y predios de agrado y de cultivo. Contó, por ello, con el rechazo inmediato de esta comunidad y, en particular, de los habitantes de Alto Jahuel y de los dueños de las viñas Santa Rita y Cousiño Macul, entre otras.

Fue y seguirá siendo - debido al anuncio de apelaciones y reclamaciones judiciales- una pelea de titanes. Por un lado, están los inversionistas, entre ellos César Topali y Max Marambio. El primero es un general en retiro de la FACh y el segundo es un conocido empresario, ex GAP, con fuertes vínculos en Cuba. Mantiene hasta hoy lazos con la Concertación. Cuando las cosas no andaban bien, entraron a la pista nada menos que los abogados Andrés Allamand (RN) y Jorge Schaulsohn (PPD).

La contraparte no es más liviana. Entre ellos el empresario Ricardo Claro, una asesoría jurídica encabezada por el ex abogado del Consejo de Defensa del Estado Davor Harasic y una fuerte ofensiva comunicacional de la empresa que lidera el ex ministro PS Enrique Correa.

La lucha de intereses fue ardua desde el inicio y ayer prosiguió. El ex presidente del Senado Andrés Zaldívar (DC) no tuvo reparos para acusar que detrás de la aprobación del aeródromo hubo injerencia del Gobierno. "Tratándose de un proyecto aeronáutico privado, no puede haber presiones del Gobierno a funcionarios que integran la Corema", recriminó. "¿Para qué tenemos un organismo colegiado? Mejor que haya una persona que lo resuelva por parte del Gobierno", dijo.

Los opositores al terminal que busca ser la alternativa al cierre de Los Cerrillos no se quedarán tranquilos. Anunciaron apelaciones al Consejo de Ministros de Medio Ambiente y también usarán las vías judiciales para lograr su paralización.

Criticaron de lleno el informe técnico final elaborado por la Conama RM, el cual concluyó que son menores los impactos ambientales en aquellos puntos relevantes, como ruido, contaminación atmosférica, uso de suelo agrícola, recursos hídricos, fauna y flora, y seguridad.

Denunciaron falsedades y contradicciones en dicho informe. Objetaron que la Conama RM haya determinado que el impacto será negativo, pero "de baja relevancia", en cuanto al ruido, recordando que el propio titular de la obra confesó en su segundo adenda que "el impacto acústico...será negativo, irreversible, discontinuo y directo".





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