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Carta Parlamentarios a Intendente Trivelli - 14/04/2004

8 de abril del 2004


Señor
Marcelo Trivelli Oyarzún
Intendente Metropolitano
PRESENTE

De mi consideración:

Se han cumplido 18 meses desde que la empresa Silos de Nazareno ingresara al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto aeródromo San Gregorio. Un proceso no exento de polémica, especialmente tras la aceptación por parte del Consejo de Ministros de CONAMA de la reclamación presentada por esta empresa luego que el proyecto fue rechazado por la Corema Metropolitana.

En vísperas de un nuevo pronunciamiento, nos ha parecido oportuno reiterar nuestra posición sobre el proyecto, atendiendo la magnitud e impactos en diferentes ámbitos que éste señala.

Nuestra convicción frente a este proyecto no se funda en el simple respaldo al rechazo ciudadano, natural frente a proyectos de este tipo, sino en la acumulación de antecedentes técnicos que señalan sus déficits y los problemas de localización. La Municipalidad de Buin, empresas, asociaciones de agricultores, viñas, colegios, juntas de vecinos y agrupaciones ciudadanas, entre muchas otras, han hecho llegar a las autoridades esos antecedentes. En tal sentido nos llama la atención que el proponente termine, luego de sucesivas consultas de CONAMA metropolitana, finalmente reconociendo muchos de los impactos señalados en su momento (contaminación acústica y de aire, entre otros), pero no ofrezca medidas de mitigación adecuadas.

Por sus características, este proyecto escapa a la discusión estrictamente ambiental. Por lo tanto la decisión de la Corema necesariamente tendrá lugar en un contexto más amplio. Por lo pronto, la instalación de un proyecto de este tipo en la zona genera un polo de desarrollo que se torna incompatible con otras actividades de gran relevancia en la zona como son la fruticultura y la industria del vino, como ha quedado establecido a través de continuas presentaciones de estas empresas y la posiciones de las autoridades del sector. No pasa inadvertido que la propia autoridad regional haya definido a esta zona como de exclusivo uso silvo-agropecuario. Por lo tanto nos parece un peligroso contrasentido aprobar un proyecto que atenta contra la propia planificación que la autoridades, sectores productivos y la ciudadanía han concordado y que termine – finalmente- afectando a importantes inversiones privadas que se han consolidado en el sector y que son una importante fuente de empleos.

En segundo lugar, es inevitable que la discusión incorpore una dimensión aeronáutica.

En tal sentido nos preocupa que el abogado de la empresa proponente, Andrés Allamand, señale públicamente que en caso que no sea aprobado este proyecto, se producirá una “emergencia aeronáutica”. Nos preocupa porque tal afirmación no se ajusta a la realidad: existen en la Región Metropolitana a los menos 17 lugares para el emplazamiento o ampliación de aeródromos, como ha señalado el Ministro de Vivienda Jaime Ravinet. Incluso el alcalde de Melipilla ofreció terrenos de su comuna para el emplazamiento de este proyecto. Se desconoce, por otra parte, el anuncio del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Gral. Osvaldo Sarabia en el sentido que su institución y el Ministerio de Defensa se encuentran estudiando terrenos en la Región Metropolitana para emplazar un aeropuerto en reemplazo de Cerrillos. Este futuro terminal puede operar con el mismo sistema de servicios a privados que aporta al financiamiento del mismo. Este tipo de argumentos, es una mala señal para los miles de empresarios que están tratando de hacer esfuerzos por desarrollar proyectos que cumplan debidamente con las normas medioambientales que exige nuestra legislación. El “mal menor” es un argumento que no tiene lugar en país que aspira al desarrollo y a los desafíos de la globalización.

Finalmente, nos inquieta que los derechos de la comunidad afectada se vean vulnerados. Existen varias familias que viven en las áreas que la propia empresa proponente señala como de alto riesgo aeronáutico y severa contaminación acústica y que por lo tanto, se indica, no pueden ser habitadas. La posibilidad de recursos judiciales en caso de que los derechos de estas personas sean vulnerados es cierta a la luz de un simple análisis legal y genera un escenario más complejo aún que el actual.

Este proyecto ha concitado la atención no sólo de la comunidad de Buin y Paine, sino de la opinión pública y de los medios de comunicación. La forma en que se resuelva será objeto de análisis y puede tener impactos en conflictos ambientales de similares características. Estamos ciertos que los integrantes de COREMA evaluaran esta iniciativa en su debido mérito, atendiendo todos los elementos en juego y con total prescindencia de cualquier tipo de presión.

Sin otro particular saludan atentamente a Ud.

Andres Zaldívar
Senador

Jovino Novoa
Senador

Edgardo Riveros
Diputado

José Antonio Kast
Diputado





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