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Emiten nuevo informe que podría aplazar aeródromo de Buin (La Tercera 7 de enero 2003) - 08/01/2004 (Texto Original)

La Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) de la Región Metropolitana emitió un nuevo informe consolidado sobre el Estudio de Impacto Ambiental del Aeródromo San Gregorio que podría aplazar el proceso de tramitación ambiental del proyecto presentado por la inmobiliaria Silos de Nazareno, que pretende construir una terminal aérea que reemplace a Cerrillos, en la zona de Alto Jahuel, comuna de Buin.

Pese al extenso documento complementario (adenda) que los titulares del aeródromo entregaron en diciembre pasado para responder los cuestionamientos formulados por los servicios públicos (Sesma, Siss, SAG, Seremis de Agricultura, Vivienda, Obras Públicas, entre otros) que participan en el proceso -para lo cual también cambiaron de consultora técnica-, estos les volvieron a solicitar nuevas rectificaciones y aclaraciones al estudio a través del informe de Conama, que debe ser respondido hasta el 13 de enero. De lo contrario, los titulares debieran pedir la suspensión del trámite, tal como sucedió el año pasado.

En el texto -de 18 páginas de extensión- hay cerca de 100 observaciones, ampliaciones y aclaraciones referidas principalmente a impactos sobre el suelo agrícola, niveles de tolerancia acústica, tratamientos de residuos, impacto sobre la fauna y aspectos propiamente aeronáuticos. Entre estos últimos, destaca que el área de vuelo que el proyecto asigna a sus operaciones se encuentra en la zona D-11 (desde los 3.000 pies hacia arriba), lo que según la Dirección General de Aeronáutica Civil es una "zona peligrosa, asignada específicamente a los vuelos de instrucción de los clubes aéreos y no a la aviación en general".

Sobre el plan de prevención de riesgo presentado por Silos de Nazareno, el informe dice que "se estima insuficiente, por cuanto presenta medidas de manejo de accidente una vez que han ocurrido, y no demuestra la manera en que el titular se comprometerá a controlar la probabilidad de ocurrencia de eventos no deseados". Y añade que "el proyecto no garantiza la seguridad de la población potencialmente afectada, los daños al medio ambiente y a las instalaciones de terceros".





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