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Entrevista a Davor Harasic en diario La Segunda - 06/08/2003 (Texto Original)

Conflicto por proyecto de aeródromo en Buin
Abogado Harasic advierte que pueden venir recursos judiciales contra ministros


Acusa a Conama de "sorprender" a los secretarios de Estado con información "trunca".

Denuncia que por secretaría se impediría la participación ciudadana en el estudio de impacto ambiental.


Por José Antonio López M.

Lo que hasta el momento había sido una polémica entre los vecinos y viñateros de Alto Jahuel (Buin) con los inversionistas que pretenden construir un aeródromo privado en esa zona, hoy está tomando otros ribetes.

Detrás de este conflicto hay importantes personajes: a favor del proyecto aparece Max Marambio, empresario con intereses en Cuba, gran amigo de Fidel Castro y ex GAP de Allende, representado por el estudio de abogados de Andrés Allamand y Jorge Schaulsohn.

Al frente están los opositores - entre ellos el empresario Ricardo Claro, el diputado UDI José Antonio Kast, entre otros- , asesorados comunicacionalmente por el ex ministro Enrique Correa.

El abogado Davor Harasic defiende a los opositores y asegura que si el Consejo de Ministros de la Conama no deja sin efecto la orden para que el proyecto del aeródromo San Gregorio vuelva a la Corema - lo que obligaría a los inversionistas a presentar un nuevo estudio de impacto ambiental- simplemente se violará la normativa medioambiental, sentándose un negativo precedente con graves consecuencias futuras.

Harasic recuerda que la Corema rechazó el proyecto "por problemas insalvables desde el punto de vista medioambiental". Ello motivó la apelación de la empresa Silos de Nazareno - ligada a Max Marambio y promotora del aeródromo San Gregorio- ante el Consejo Directivo, la que fue admitida.

La apelación fue conocida por el Consejo Consultivo, asesor del Directivo. Harasic indica que "curiosamente en el Consultivo, en vez de escucharse todas las opiniones, se escucha sólo una parte de lo que está diciendo el reclamante". La materia luego sube al Directivo "pero de manera trunca", según explica el abogado. Por ello argumenta que el Consejo de Ministros "es sorprendido porque se le dice que en Corema se habrían cometido irregularidades y eso es falso, porque esas supuestas ilegalidades se alegaron en la reclamación de Silos de Nazareno y nosotros, en un escrito que presentamos después de la reclamación, demostramos que esas ilegalidades no existían, pero al Consejo Directivo se le dice que existen esas irregularidades".

La responsabilidad de los ministros

Harasic explica que a la hora de pronunciarse el Consejo Directivo se ve enfrentado a una disyuntiva: si determina que el proyecto vuelva a la Corema "no tenemos más participación ciudadana y ahí surge un asunto que es absolutamente increíble: Gianni López (director de la Conama) dice "no se preocupen, estamos en el día 40", en circunstancia que de acuerdo con la página web de Conama estamos en el día 84 y la participación ciudadana se puede dar hasta el día 60. Entonces, el Consejo Directivo, sobre la base de dos errores graves, dice voy a irme a Corema", protesta el abogado.

- ¿Irregularidades o interpretaciones?

- No, no. No creo que estemos en el terreno de lo interpretable. Lo que quiero pensar es que en todo proyecto hay un freno y un acelerador. Encuentro razonable que determinados funcionarios de un gobierno piensen que hay que aprobar proyectos, porque eso incentiva la inversión... pero para eso existe una serie de mecanismos que hay que respetar y que son como el freno del acelerador. No el freno en el sentido de no realizar el proyecto, sino de ir a una determinada velocidad, de respetar determinadas señalizaciones que le pone la legislación y acá simplemente lo que pasó es que se olvidó el freno.

- ¿Qué le pide usted al Consejo de Ministros?

- Le estamos diciendo: no les quite legitimidad democrática a los estudios de impacto ambiental. Ahora se nos está diciendo "vamos a hacer lo mismo que en Alumysa, le vamos a dar a conocer a la comunidad lo que se haga"... participar no es conocer. Participar es tener acceso a los documentos, tener un plazo para estudiarlos, poder formular observaciones y poder reclamar si las observaciones no son acogidas. Los plazos están vencidos, en consecuencia, la comunidad no puede conocer, formular observaciones, reclamar si ellas no son acogidas. Eso es deslegitimar democráticamente el proceso y eso es muy grave porque toda la legislación medioambiental está fundada en la participación ciudadana.

Solicita nuevo estudio ambiental

- ¿Qué es lo que cabe ahora?


- Imagínese usted a una persona que no haya participado en este proceso y se encuentra con que le aprueban un proyecto en que el ruido se le mete a la casa y se le hace insostenible. Entonces, va a hablar y dice que quiere reclamar, ¡pero no puede reclamar, porque pasaron todos los plazos para eso! El Consejo de Ministros lo que tiene que hacer es darse cuenta que lo sorprendieron, dejar sin efecto la orden de que vuelva a Corema y San Gregorio tiene que presentar un nuevo estudio de impacto ambiental.

- ¿Con eso se reiniciarían los plazos?

- Reiniciarse todos los plazos y con un estudio de impacto ambiental bien hecho.

Harasic asegura que los inversionistas de San Gregorio presentaron "un pésimo estudio de impacto ambiental, tan malo que en capítulos del estudio reconocen ellos mismos sus falencias y dicen "las subsanaremos después". Cuando es rechazado, en la reclamación acompañan un dossier de casi medio metro de ancho intentando subsanar los defectos... pero en definitiva es un nuevo proyecto, tanto desde el punto de vista de impacto de ruido y vial, de política de riego... hasta la pista está emplazada de distinta forma".

Agrega que allí radica "la segunda ilegalidad: además de bypasear la participación ciudadana, se puede producir el siguiente fenómeno, que sería gravísimo: cualquier particular que tiene un proyecto presenta un mal estudio de impacto ambiental, se lo rechazan, reclama, en el reclamo enmienda, bypasea la participación ciudadana y se le aprueba. O sea, por doble partida queda la deslegitimación democrática del proceso".


Recursos de protección contra los ministros

- Se ha especulado que ha habido mucho lobby para tratar de aprobar este proyecto, que hasta el momento es la
única alternativa a Cerrillos, que se cerrará el 2005.


- Hay dos maneras de entender el lobby. Una es el ejercicio de una actividad determinada para hacerle llegar a la autoridad las razones por las cuales hay que aprobar o rechazar un proyecto y eso es absolutamente legítimo. Yo no puedo pensar que una persona como Andrés Allamand (representa a los inversionistas del proyecto) esté realizando un lobby de carácter ilegítimo.

- ¿El cierre de Cerrillos es una presión?
- Lo que sí es grave es que se esté vinculando esto con el Portal Bicentenario y el cierre de Cerrillos, porque en ese caso se desenmascara absolutamente el tema de que acá estamos ante un aeródromo particular. Pretender que San Gregorio va a reemplazar a Cerrillos es una aberración. Primero porque quiere decir que todo el proyecto que se ha llevado a cabo es mentiroso, porque habla de un aeródromo privado. Segundo, técnicamente en ese lugar es imposible emplazar un aeródromo que reemplace a Cerrillos.

- Entonces, ¿hoy el Consejo de Ministros tiene una gran responsabilidad?

- Grande. Tiene una responsabilidad que trasciende a este proyecto. Tiene una responsabilidad con la legislación medioambiental chilena. Si sucede que el Consejo de Ministros deslegitima el sistema de estudios de impacto ambiental, cualquier particular se va a ver legitimado para interponer recurso de protección contra cualquiera de los ministros que voten en ese sentido. Y eso va a ser realmente grave.





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