Imágenes    Sala de Prensa    Eventos    Personas & Ideas    Foros    Vínculos    Mercado del Valle    Tiempo Libre    Suscripciones 


Editorial de El mercurio sobre San Gregorio (El mercurio, 7 de mayo 2004) - 12/05/2004 (Texto Original)

En una decisión que ha provocado airadas reacciones de la comunidad de Buin, la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de la Región Metropolitana aprobó la construcción del aeródromo San Gregorio, que en parte reemplazará al de Cerrillos, cuyas operaciones cesarán el 31 de diciembre de este año. Esa resolución - tomada por 13 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones- revoca otra adoptada en enero de 2003 por el mismo organismo, que entonces se pronunció unánimemente por rechazar el proyecto; tal decisión fue apelada ante el Consejo de Ministros de la Conama, lo que obligó a considerar nuevos antecedentes.

El nuevo aeródromo, que demanda una inversión de 10 millones de dólares, estará emplazado en un terrero de 68 hectáreas entre las comunas de Buin y Paine, en medio de un conjunto habitacional, dos escuelas, viñas y predios de cultivo y de agrado. Tendrá una pista de mil 200 metros de extensión y 23 de ancho, además de servicios complementarios, que permitirán un máximo de 85 mil operaciones anuales de despegue, aterrizaje y maniobra de aeronaves de hasta tamaño medio, de un peso no superior a cinco mil 700 kilos. Su construcción tomará 10 meses, por lo que, de comenzar ahora, podría coincidir con el cierre del aeropuerto de Cerrillos.

Si se la mira con perspectiva, la polémica despertada por la construcción del nuevo aeródromo es un reflejo de la creciente influencia que las comunidades locales han ido adquiriendo en las decisiones públicas, ejemplos de lo cual son también la central Ralco, el vertedero de Santa Marta, la toma de Peñalolén, el trazado de la Costanera Norte, las nuevas cárceles, entre otros. Más que un asunto meramente ambiental, lo que en estos casos se produce es el choque entre los legítimos intereses de una comunidad y los intereses de la ciudadanía en general, o de una parte importante de ella, en cuyo beneficio se adopta una decisión pública que, además, es rentable socialmente.

¿Qué se debe hacer en estos casos? La respuesta técnica se encuentra en la teoría económica: internalizar los costos y beneficios asociados al proyecto; esto es, lograr que aquellos que se benefician de él paguen lo que corresponde, y que aquellos que se ven perjudicados reciban la respectiva compensación. De este modo, no se pone una cortapisa al progreso, pero tampoco se pasan por alto los derechos e intereses de quienes son víctimas circunstanciales de aquél, supuesto que la decisión cumpla con las exigencias técnicas previstas en el ordenamiento jurídico.

En los hechos, sin embargo, la teoría sólo sirve para iluminar los alcances de la decisión, porque es sabido que ella se transforma en una instancia de lucha de poderes. Siendo así, es positivo que el poder de las comunidades haya ido cobrando mayor relevancia en relación con el de la autoridad, puesto que, sin llegar al extremo de paralizar los proyectos, ha permitido incorporar en ellos una serie de resguardos y mejoras que los hacen más viables, técnica y políticamente.

Así ha sido en el caso del aeródromo de Buin, cuya aprobación ha debido seguir un largo proceso, que aún no llega a su fin, con sucesivos informes y correcciones introducidas por los inversionistas en función de las críticas provenientes de la comunidad y de las exigencias planteadas por la autoridad.

Una de las claves que deben considerarse en este legítimo y deseable juego de poderes es que las reglas sean claras y simétricas, junto con asegurar un proceso eficiente, de modo que éste no se transforme en un costo insoslayable para unos o para otros.





Volver Índice Noticias